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Hipotecas sobre viviendas devaluadas: Las leyes al servicio del poder

La única herramienta de un estado en democracia, un estado de “bienestar”, un estado de protección social de los ciudadanos  a cargo del estado, que produce seguridad y ¿por qué no decirlo? orgullo patrio es la Seguridad Jurídica.

La Constitución Española, carta magna de una sociedad, protectora de los derechos de los ciudadanos está olvidada y acumulando polvo en los cajones de los poderosos.

La desconfianza de una sociedad como la española no viene provocada por la crisis, ni por el desempleo ni la morosidad, ni tan siquiera por el ahogo permanente que sufren las familias.

La desconfianza mayor, la que más va a costar recuperar viene provocada por la aceptación de un hecho incuestionable que esta devastadora crisis ha puesto de manifiesto.

Las instituciones públicas creadas para estar al servicio de una sociedad, no están al servicio de la sociedad.

Las leyes promulgadas y publicadas para la defensa de los ciudadanos en situaciones de abuso contemplan una doble interpretación, en función de la coyuntura que rodea al conjunto de la sociedad española hoy en día.

El acceso a la Constitución Española tiene puesto el cartel de “hoy no se aplica”, por parte del sistema financiero en su conjunto y el apoyo incondicional de los gobiernos.

Así por ejemplo comprobamos como se promulgan leyes que amparan a los bancos y  entidades financieras para que puedan exigir garantías adicionales a las maltrechas y olvidadas familias en caso de que la vivienda haya perdido un 20% de su valor.

Tenemos también leyes que se adoptan para contentar a los bancos y que contemplan un encarecimiento de las hipotecas de viviendas VPO de un 7% en detrimento claro está, de los ciudadanos y sus familias.

Estos proyectos de ley aprobados por el gobierno para beneficiar y potenciar el poder del sector financiero, herramienta de decisión electoral importantísima, podrían en si mismos ir en contra de la Constitución Española y de los derechos individuales de las personas.

El ámbito hipotecario de nuestra sociedad es,  en si mismo,  una institución, una institución jurídica con responsabilidades sobre las familias y el conjunto de la sociedad.

Y las familias se ven afectadas por retroactividad en ámbitos contractuales como el hipotecario, algo imposible en si mismo, ya que si atendemos a la Ley Hipotecaria, nunca puede aplicarse retroactividad a un contrato en detrimento de una de las partes.

Y es preciso tener mucho cuidado con estas decisiones ya que históricamente tenemos precedentes en los que los problemas sociales provocados por subordinar la legislación a la política y el poder llevaron a las sociedades a conflictos muy complicados y destructivos, que ha sido muy complicado superar después.

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